Angélica del Carmen Ortuño, jueza Segundo de Distrito de Quintana Roo, ha modificado la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía al exgobernador de Puebla, Mario Marín, en prisión, permitiéndole ahora enfrentar su proceso judicial en prisión domiciliaria. Marín está acusado de ser el autor intelectual de los actos de tortura perpetrados contra la periodista Lydia Cacho en 2005.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada este sábado, donde la jueza Ortuño Suárez determinó que Marín podrá regresar a su domicilio en Puebla para continuar con su proceso legal. Entre las medidas cautelares impuestas, se incluye la obligación de exhibir una garantía económica de 100 mil pesos. Además, se le prohibió salir de México, por lo que su visa y pasaporte permanecerán bajo resguardo del juzgado. También se giró un oficio de Alerta Migratoria a las autoridades competentes para evitar cualquier intento de fuga del país.

El exgobernador, conocido como "El Gober Precioso", estará sujeto a la vigilancia permanente a través de un brazalete electrónico y será supervisado por la Unidad de Medidas Cautelares de Puebla. Asimismo, se le prohibió acercarse o comunicarse con Lydia Cacho Ribeiro y con los testigos involucrados en el caso. La seguridad de su domicilio quedará a cargo de la Unidad de Vigilancia y Supervisión de Medidas Cautelares.

Mario Marín fue detenido en Acapulco, Guerrero, en febrero de 2021, tras haber sido buscado durante casi dos años luego de que se emitiera una orden de captura en su contra en abril de 2019 por una jueza de Quintana Roo. Marín es acusado de haber orquestado la tortura de Lydia Cacho en represalia por la publicación de su libro "Los demonios del Edén", en el que se exponía una red de pornografía y prostitución infantil que involucraba a figuras políticas y empresariales de alto perfil.

En diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida por un grupo de policías sin orden de aprehensión y trasladada de Cancún a Puebla en un vehículo privado. Durante el trayecto, que duró más de 20 horas, Cacho fue sometida a torturas físicas y psicológicas, así como a tocamientos y amenazas de muerte, todo en un intento de coartar su derecho a la libertad de expresión.

El cambio en la medida cautelar de Marín ha generado controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos y periodistas, quienes consideran que este tipo de decisiones judiciales podrían perpetuar la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos en México.