El Colectivo Periodismo Incluyente hace una radiografía sobre el voto de las personas con discapacidad en América Latina.

Un retrato de los avances y pendientes para evitar la “muerte civil” de las personas con discapacidad.

Este reportaje sigue a “Partidos políticos relegan a personas con discapacidad: el caso de Puebla” y “Entre avances y taras: personas con discapacidad y elecciones”

Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad son violentados cuando los partidos políticos no toman en cuenta a esta población en sus estatutos o comisiones especiales y, cuando sí se les incluye, esto se restrinja al papel y los discursos, en lugar de garantizar espacios en la administración pública. También son violentados cuando no hay padrones electorales con datos precisos, a pesar de los esfuerzos por lograr que voten.

Esta situación es una constante en América Latina. “La participación política de personas con discapacidad es baja en la región, lo que no se condice con el hecho de que 1 de cada 7 personas tenga algún tipo de situación discapacitante. Deberíamos tener una participación más activa y equitativa en la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público, pero los partidos políticos no consideran la inclusión de personas con discapacidad en sus filas, y no hacen accesibles sus reuniones, discursos, e instancias de participación”, explicó Pamela Molina, directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas (FMS) y antigua integrante del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Otra razón que explica la falta de participación política es que “existen leyes restrictivas en nuestros países, que niegan a las personas con discapacidad el derecho a ejercer su voto y tomar decisiones en temas públicos por causa de discapacidad, como es el caso de las personas declaradas interdictas. Hay personas con discapacidad que están institucionalizadas, que ni siquiera tienen acceso a su identificación”, añadió Molina.

Si es difícil participar en las elecciones como votantes, la situación es peor cuando se trata de que las personas con discapacidad participen como candidatas. La experta explica que esto se debe a “las restricciones económicas-financieras: los costos de una campaña, que resultan imposibles de asumir para muchas PcD, debido a las barreras de acceso digno a la educación y a un trabajo”. Pamela Molina ––quien forma parte del colectivo de personas con discapacidad al ser ella misma una mujer con sordera–– participó directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que explica: “se cumple poco, empezando por el derecho a recibir la información de campañas en formatos accesibles. Ni los partidos ni el Estado cumplen a cabalidad con hacer accesibles sus materiales de campaña”. Cuando se estereotipa a las personas con discapacidad como que sólo son merecedoras de caridad y lástima, “se normaliza atribuirles la ‘muerte civil’”.

La “muerte civil” provoca que este colectivo no participe en la vida política. Lo anterior ocasiona que se deje “fuera de la toma de decisiones a todo un colectivo ciudadano que no es menor. Y al dejarlos afuera e invisibilizarles, hay un impacto no sólo en la calidad y eficacia de las políticas públicas, sino también en el desarrollo económico y sustentable, y en la calidad y fortaleza de sus democracias”.

Así como los Estados no han generado los mecanismos para que las personas con discapacidad accedan a la vida política, desde el propio colectivo hay pendientes. Según Molina: “Primero, falta que las propias PcD estén capacitadas en liderazgo político y social proactivo, asertivo, y también crítico. Hay pocos líderes realmente fuertes y efectivos, y que sepan trabajar articulando alianzas. Desconocen estrategias de incidencia política, de negociación, de manejo de conflictos. Y tienen la tendencia a trabajar aislados, y no en alianzas interseccionales. Por otro lado, dadas las dificultades enormes para conseguir trabajo que tienen las PcD, en muchos casos al entrar a trabajar en el ámbito público o gubernamental, dejan de lado el activismo político en favor de sus derechos. En muchos casos porque tener trabajo es una situación de primera prioridad para ellas. Este mismo punto de la precariedad económica dificulta que las organizaciones de PcD puedan hacer campañas políticas”.

Para impulsar la participación política de las personas con discapacidad en América Latina, la OEA lanzó en el 2020 el primer Diplomado Digital regional en Liderazgo, Inclusión Social y Acceso a Derechos. Este diplomado busca fortalecer las habilidades de liderazgo de personas que pertenecen a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad. También está dirigido a capacitar a autoridades gubernamentales  y políticas que ya están en esos espacios, para que diseñen e implementen políticas públicas inclusivas.

 Acciones para la inclusión

El día de las elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica dispone vehículos para llevar a las personas con discapacidad a votar, como lo confirmó Rolando Guzmán cuando fue invitado por la Embajada de Costa Rica y el Instituto Nacional Electoral (INE) a ser embajador Observador Internacional para el proceso comicial federal 2020-2021. Él habla desde su experiencia como persona con discapacidad visual y asegura que en Costa Rica, el gobierno paga taxis acondicionados para trasladar a este colectivo durante la jornada electoral. Para este observador, las medidas que implementan el gobierno y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica son calificadas como acciones  suficientes para garantizar la participación de personas con alguna discapacidad en las elecciones.

Por su parte, el documento “Proceso Electoral Costarricense Accesible a las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores” del Tribunal Supremo de Elecciones describe que hay tres formas en que las personas con discapacidad y personas adultas mayores pueden ejercer su voto. La primera es el voto público, donde la persona manifiesta de forma oral o mediante gestos su decisión ante la junta receptora de votos para que quien preside la junta marque la papeleta. También existe el voto asistido, en el cual la persona ingresa al recinto secreto acompañada de alguien de su confianza, quien le ayuda a ejercer su voto. Finalmente, está el voto utilizando productos de apoyo, como cobertores de crayón para un mejor agarre; lupa para personas con debilidad visual; mampara móvil para personas con silla de ruedas; plantilla braille para personas con discapacidad visual y plantilla antideslizante, para que la papeleta permanezca inmóvil.

Esto es similar al “Reglamento para el Voto Asistido”, emitido en 2014 por el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Existen diferentes formas en las que las personas con necesidades particulares o mayores de sesenta años reciben asistencia para emitir su voto. Primero se diseña un plan para detectar a personas con necesidades particulares y poderlas incorporar al padrón electoral. Con base en ese padrón, se “elabora material especial”, dice el reglamento. Además de que cada Notario Electoral (algo así como la presidencia de casilla en México) tiene plantillas de votación en braille para personas con discapacidad visual, una lupa para personas con visibilidad reducida y afiches informativos para personas con discapacidad auditiva. Las personas con dificultades motoras, necesidades particulares o mayores de sesenta años pueden solicitar el voto asistido, esto a través de una persona de su confianza, quien le acompaña junto con la presidencia de mesa a un recinto reservado para emitir su voto, donde le ayudarán a marcar la opción de su preferencia y a depositar su voto. En caso de que no se tenga algún acompañante, la presidencia de mesa solicitará a alguna persona que esté en la fila para emitir su voto que funja como testigo. Finalmente, el reglamento menciona que para las personas con dificultades motoras a quienes les cueste llegar a la mesa de votación, la presidencia de la mesa y una vocal serán quienes lleven el listado índice, la papeleta de sufragio y el ánfora hasta el lugar reservado para la votación asistida.

Por su parte, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral garantiza el voto de las personas con discapacidad, según información publicada en Venezolana de Televisión, un medio de comunicación oficial. Para ello, entre los datos del elector o la electora, debe estar incluida la discapacidad que tienen para adecuar los espacios y el mecanismo para emitir su voto. La logística para lograrlo es la siguiente: Primero corroboran qué tipo de discapacidad se tiene (motora, visual, auditiva, intelectual o múltiple). Después, se les ofrece el apoyo para llegar a la máquina de votación porque el voto es electrónico. En este formato aclaran que se toma en cuenta la decisión del elector o la electora de recibir o no asistencia. Sin embargo, la empresa Smartmatic, fabricante de las máquinas de votación, ha sido acusada de tener nexos con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, según la BBC.

En cualquier caso, es interesante ver algunas de las medidas que existen en este país. Por ejemplo, lo que dice el Observatorio Electoral Venezolano sobre dicha máquina que tiene un sistema para autenticar huellas dactilares, y asistencia de audio para las personas con discapacidad auditiva: está equipada con una batería de litio que dura hasta 10 horas sin necesidad de corriente eléctrica, debido a los apagones que sufre el país.

Sobre Perú, que está justamente en periodo electoral, Andrea Medina, periodista con discapacidad dice: “Justo estamos en época de elecciones, mi experiencia ha sido bastante buena, yo suelo acudir con una acompañante a votar. En Perú lo que suelen dar son unas cartillas braille para poder votar. Yo lo sé usar, pero no de manera tan fluida. Lo que suelo hacer es ir acompañada al módulo de votación. Me ha ido bien, me han dejado entrar a la cámara secreta. No he tenido inconvenientes”. En la segunda vuelta electoral programada para el próximo 6 de junio, Medina pedirá la plantilla en braille para experimentar con ese material. Reconoce que si bien no ha tenido dificultades para votar sí sabe de personas con discapacidad motriz que tienen problemas para ejercer su derecho al voto cuando las casillas electorales son inaccesibles.

Pese a esta infraestructura, el país tiene pendientes en materia de inclusión electoral. Human Rights Watch ha señalado que en la primera vuelta electoral de 2020 numerosas personas con discapacidad quedaron fuera del padrón electoral porque “las personas con discapacidad que se encontraban bajo interdicción y estaban excluidas del registro no pueden agregarse en esta instancia”. Este cambio ocurre luego de las modificaciones legales de 2018 que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

En México, como en Perú, hay similitudes en ese proceso de reconocimiento de la Capacidad Jurídica desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como muestra de ello,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado que hay legislaciones locales obsoletas que lo niegan al analizar distintos casos. Otra de las similitudes entre México y Perú es que sí se adaptan materiales electorales en braille, sin embargo, las barreras arquitectónicas se mantienen en muchos casos.

Limitaciones que dificultan voto

En Chile, la Constitución Política actual confirma que las personas con discapacidad, pueden ejercer su derecho a votar. Sin embargo, fue hasta junio del 2007 que la legislación en este país reconoció el derecho a la asistencia al voto para las personas en situación de discapacidad, ya sea cognitiva o visual, también para quienes estén en situación de analfabetismo. De acuerdo a la explicación del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), quien asista en el voto puede ser una persona mayor de 18 años y de confianza que acompañe a la persona con discapacidad. En caso de no contar con alguien, puede solicitar asistencia al presidente o presidenta de la mesa, de esto, deberá quedar constancia en el acta. Esto es similar a lo que sucede en México.

En el caso de que las personas no tengan la posibilidad de entrar a la cámara secreta por usar silla de rueda o camilla, pueden sufragar fuera de ella. En tanto que para las personas ciegas o con discapacidad visual existe una plantilla de votación con ranuras y letras en braille que puede pedirse al presidente de la mesa. Las personas con discapacidad auditiva pueden solicitar hacer uso del Voto Asistido en la lengua de señas o de forma escrita solicitarlo. Esto se aplica a las personas con  discapacidad mental, salvo aquellas que hayan sido declaradas interdictas, lo que es una clara violación a la capacidad jurídica de esta población.

Esto es similar a lo que ocurre en Cuba, en donde la ley electoral establece que, si una persona padece discapacidad mental y se comprueba que esta condición lo impide jurídicamente, entonces no puede votar en las asambleas. De acuerdo con el análisis de “Así se vota en Cuba”, de Leandro Querido, no existe tampoco la infraestructura para votar. Según consignó el Sistema de la Televisión Cubana, para la Asamblea Nacional de 2017, el gobierno cubano permitió a las personas con discapacidad votar en sus casas o en sitios especiales, como hospitales o terminales de autobuses, en donde también pueden votar quienes se encuentren fuera de su circunscripción.

Oscar Saúl Cortés Cristancho, periodista con discapacidad visual, señaló que en Colombia las personas con discapacidad han ido conquistando garantías. Un ejemplo de ello es la existencia de boletas timbradas en alto relieve con braille, para que puedan votar con privacidad. Asimismo, que se reconozca en la Ley Electoral el derecho al voto asistido para personas con discapacidad y adultas mayores. En Colombia las autoridades han dividido el tema de la discapacidad en 7 aspectos: sordo-ceguera, física, psicológica, cognitiva, psicosocial, sordera, baja visión o ceguera, en todos estos casos hace falta traspasar la línea del “querer” al hacer, dijo Cortés Crisancho. Por ejemplo, las personas con sordo-ceguera tiene el problema de falta de espacios en donde puedan acceder al cubículo para votar. Mientras que las personas con una discapacidad visual frecuentemente tienen que lidiar con la falta de tarjetones en braille, sobre todo en ciudades intermedias o grandes. El voto digital de reciente creación no contempla para nada a las personas con discapacidad, ya que las plataformas no son accesibles, ni tienen espacios acondicionados para personas usuarias de sillas de ruedas, ni con contenidos braille.

En general, en los países de la región, si bien se cuenta con cierta normativa para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, la operatividad no siempre es igual de efectiva. Esto es algo que ha registrado para el caso chileno el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile. Esfuerzos similares que nos permitan medir la participación de personas con discapacidad en otros países, y las razones de la misma, serían deseables.

Luchan por una política integral

Para la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina, la realidad no coincide con el hecho de tener información en la página web oficial del Gobierno de Argentina, ya que existe una falta de capacitación y de información por parte de los funcionarios de casilla que desconocen que, por ley, deben asistir y brindar apoyo a las personas con alguna discapacidad al votar.

Ana María Dones, activista, madre de un joven con discapacidad y miembro activa de la red explicó que los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad son muchos, pero el que más preocupa es la falta de entrenamiento de las autoridades en el proceso de votación, la falta de condiciones físicas idóneas, así como voluntad de parte de las autoridades electorales como de los partidos políticos.

“En el papel existen leyes que toman en cuenta a las personas con discapacidad, desde la discapacidad visual, motriz, auditiva, entre otras. Pero en la práctica no existe tal aplicación de la misma ley expuesta en los artículos 26.774 (referente al voto de personas desde los 16 años), para las personas con discapacidad visual, el voto asistido, asistencia del personal de la mesa”, dijo Dones.

Desde la red que integra señala que han solicitado que “se emita información sobre propuestas electorales, incluyendo la Lengua de Señas en las pautas publicitarias, ya que no todas las personas sordas pueden leer el texto del subtitulado. A propósito de la información sobre accesibilidad electoral, consideramos conveniente que se brinde información durante al menos la semana previa a las elecciones, con la frecuencia adecuada para que la información llegue a los electores/as con discapacidad”. Desde hace dos años, la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad entregó un documento al Director Nacional Electoral, Fernando Álvarez Álvarez, donde exigen a las autoridades electorales capaciten al resto del personal y se preparen para cuando una persona con discapacidad acuda a votar.

“Habitualmente enfrentamos la falta de accesibilidad en los centros de votación; ello resulta lamentable teniendo en cuenta que nos referimos a establecimientos educativos en los que las personas con discapacidad no podemos estudiar, trabajar ni compartir el proceso educativo de hijos/as, nietos/as o demás familiares”, se menciona en la carta petitoria.

En México, al igual que en Argentina, es evidente que hay procesos que requieren no sólo de legislación sino de cambios de paradigma, para lo cual se requiere una capacitación constante de los funcionarios electorales.

Más allá sólo de ejercer el voto, en México faltan campañas informativas diseñadas al colectivo de las personas con discapacidad, porque sólo están centradas en promover el voto de las poblaciones sin discapacidad. Como dice Elías Levín, de la iniciativa Yo Elijo: “quizás sea el momento de que las organizaciones de PcD generen acciones para exigir su incorporación a los procesos de ciudadanización, incluyendo el derecho a votar y ser votado; el derecho al acceso a la información sobre el proceso electoral y las campañas y propuestas de los candidatos en formatos accesibles, así como la claridad de implementación de una política orientada a la integración social”.

Colectivo Periodismo Incluyente. Formado por Zahira Aldana, Yessica Ayala, Guadalupe Bravo, Priscila Hernández, Guadalupe Juárez, Jorge Lanzagorta, Berenice Martínez, Samantha Navarrete y Samantha Páez. En el colectivo participamos personas que colaboramos en Cholollan Radio, Contextos Noticias, El Sol de Puebla, LADO B, Manatí, Periódico Central y nexos. La edición fue realizada por Ana Sofía Rodríguez, de nexos. Este trabajo colaborativo es resultado de una capacitación organizada por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.