El Congreso del estado de Chiapas aprobó este 2 de abril,  con 23 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, la eliminación del plazo de 90 días de gestación que la legislación penal local imponía para acceder al aborto por violación. Esto significa que las mujeres y personas con capacidad de gestar ahora pueden solicitar la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación cuando la causa sea violación.

Esta modificación a la legislación local es acorde con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que la limitación temporal al aborto por violación incluida en el artículo 181 de la legislación penal de Chiapas representa una forma de violencia estructural y revictimiza a las mujeres.

Esto no despenaliza el aborto en Chiapas pues en la entidad este servicio aún es considerado un delito, según lo estable el Código Penal local, y sólo se permite por tres causales: 1. Cuando el embarazo sea producto de una violación. 2. Por casos de malformación congénita del producto. 3. Cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la persona embarazada. Sin embargo, las personas que requieran acceder a procedimientos de aborto seguro cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o relación forzada, podrán hacerlo independientemente de las semanas de gestación que tengan al momento de solicitar la atención.

Esto es, se elimina una de las principales barreras de acceso a procedimientos de aborto seguro en estos casos. Desde Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC) reconocemos y celebramos la eliminación de requisitos inconstitucionales para el acceso al servicio de aborto seguro, ya que esto es una obligación de los poderes legislativos locales, según sus mandatos en materia de derechos humanos.

Sin embargo, sabemos que es necesario que las leyes en México sean acordes con el estándar más alto de protección de derechos, el cual precisa la despenalización total del aborto voluntario. En el país aún falta despenalizar el aborto en 21 estados. “Es necesario que el aborto salga de los códigos penales de todas las entidades mexicanas y que se regule desde la normativa de salud como cualquier otro servicio de salud reproductiva”: Ipas LAC.

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