Tras la polémica transmisión en territorio mexicano de una campaña antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump, el Senado de la República aprobó una reforma legal que prohíbe expresamente la difusión de propaganda política extranjera a través de medios de comunicación nacionales.

La medida, que ha sido calificada como un paso hacia la protección de la soberanía informativa del país, establece sanciones económicas considerables: los concesionarios que infrinjan esta disposición podrán ser multados con entre el dos y el cinco por ciento de sus ingresos totales.

Durante la sesión, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa asegurando que se trata de un mecanismo para impedir la injerencia de mensajes discriminatorios o de carácter xenófobo en la opinión pública mexicana. “No se trata de censura, sino de soberanía. México debe decidir lo que se escucha y se ve en su territorio”, puntualizó.

Además, la reforma otorga a la Secretaría de Gobernación y a la recién creada Agencia de Transformación Digital del Estado Mexicano amplias facultades para vigilar la correcta utilización del espectro radioeléctrico, así como para intervenir en casos donde se detecten violaciones a la ley.

El nuevo marco normativo ha generado reacciones divididas entre organizaciones de medios, que han advertido sobre los riesgos de discrecionalidad en la aplicación de sanciones, aunque reconocen que es necesario evitar la propagación de discursos de odio provenientes del exterior.