En plena jornada laboral y pese a los altos índices de inseguridad que enfrentan sus municipios, los alcaldes de Tepeojuma y Tlapanalá, Gustavo Sánchez Martiñón y Silverio Galicia Baltazar, respectivamente, acudieron a un acto político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Izúcar de Matamoros. La cita fue convocada a las 2:30 de la tarde, hora que coincide con su obligación de estar cumpliendo funciones públicas.

Ambos intentaron pasar desapercibidos entre la multitud, pero el propio senador y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, los delató al saludarlos públicamente desde el estrado. Silverio Galicia incluso se dejó ver sin reserva al inicio del mitin, acompañado de su secretario general, Artemio Tlacoxolal Nolasco. Minutos más tarde, al percatarse de la presencia de la prensa, intentó retirarse discretamente, sin éxito.

Por su parte, el edil de Tepeojuma se ubicó en la parte posterior del recinto, en un intento de evitar la exposición. No obstante, al ser saludado por el senador Camarillo frente a todos los asistentes, no tuvo más opción que corresponder el gesto, quedando en evidencia su presencia.

Obligaciones legales y posible responsabilidad administrativa

De acuerdo con el artículo 47, fracción XII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos deben abstenerse de utilizar su cargo para influir en procesos electorales o partidistas durante su horario laboral, así como de ausentarse injustificadamente de sus funciones.

Aunque el evento no fue estrictamente electoral, sino de corte partidista, la participación de los alcaldes en horario de oficina podría ser considerada una falta administrativa, especialmente si no contaban con una licencia o permiso oficial para ausentarse de sus funciones. Además, el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos, incluyendo el tiempo de trabajo, no deben utilizarse para fines distintos a los institucionales.

Este episodio revive el debate sobre la opacidad en el uso del tiempo y recursos públicos por parte de autoridades municipales, más aún en demarcaciones que han sido reiteradamente señaladas por hechos de violencia, robos y abandono institucional. Hasta el momento, ni los ediles ni el PRI han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la ciudadanía continúa esperando que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades, en lugar de atender compromisos partidistas en horas de trabajo.