En relación con la iniciativa presentada el pasado 13 de febrero en materia de de rechos para el libre ejercicio del periodismo en Puebla, los espacios académicos firmantes, integrantes del ecosistema de derechos humanos de la Universidad

Iberoamericana Puebla, saludamos la intención de reconocer y garantizar derechos vinculados a este oficio, al tiempo que manifestamos nuestra extrañeza por el contexto y el formato en el que se presenta este planteamiento.

Si bien es de celebrar que la entidad pueda contar con un marco jurídico que tutele, entre otros derechos, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el libre y preferente acceso a actos públicos, es de llamar la atención que no se trate de un proyecto colaborativo, producto de un debate libre, amplio y público con el gremio afectado, organizaciones de la sociedad civil especializadas y la academia.

Tal y como lo reconoce la exposición de motivos de la iniciativa, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, información y prensa «constituyen las herramientas fundamentales para ejercer el periodismo» y «guardan una relación estructural con el funcionamiento del sistema democrático». En este sentido, lo conducente sería que un esfuerzo de regulación en este campo transite bajo cauces democráticos de apertura parlamentaria. Este modo de proceder permitiria valorar la viabilidad de transitar a la adopción de una iniciativa que otorgue protección tanto a periodistas como a personas defensoras de derechos humanos bajo un mecanismo consonante con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, existente a nivel federal.

Por lo que toca al contexto, resulta sorpresivo que en la justificación de la iniciativa no se reconozca el contexto del periodismo en Puebla. Como consta en el estudio Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México de la organización Artículo 19, Puebla fue la tercera entidad con mayores índices de violencia contra periodistas y medios de comunicación durante el sexenio anterior. Entre 2018 y 2024, en Puebla se registraron 241 agresiones, despuntando como el estado con el mayor número de casos de acoso judicial de todo el pais.

Según el informe, entre las agresiones más comunes se encuentran la intimidación y el hostigamiento, el bloqueo o alteración de contenido, el uso ilegitimo del poder público, la amenaza y el ataque físico.

Más aún, y en línea con lo contenido en las agendas institucionales De la reflexión a la acción de esta Casa de Estudios (2019 y 2024), la iniciativa es omisa en cuanto a la regulación de la publicidad oficial con criterios claros, objetivos y transparentes. Esto a pesar de que su artículo 7 reconoce indirectamente el uso de la pauta publicitaria como mecanismo de control de las líneas editoriales.

Por lo anterior, hacemos un llamado a un debate libre, amplio y público con la finalidad de construir de manera conjunta los productos legislativos necesarios en aras de ampliar las garantías de protección del quehacer periodístico. En tal perspectiva, hemos entregado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla nuestro analisis de la iniciativa, en el que planteamos un paquete de 14 observaciones puntuales, con sus respectivas recomendaciones, y tres observaciones generales.