Ataques contra candidatos en Puebla: seis muertes en un sexenio electoral
La violencia política en Puebla ha cobrado un alto costo humano en los últimos seis años, con seis candidatos asesinados en el periodo electoral. El más reciente, Jaime González Pérez, abanderado de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, fue ejecutado el pasado 22 de marzo, marcando un sombrío inicio para las elecciones locales de 2024.
Los ataques contra candidatos se remontan al proceso electoral de 2018, cuando cinco aspirantes perdieron la vida. Entre ellos se encuentran José Jairo García Oliver, candidato del PAN a diputado local por Huejotzingo, y Juana Iraís Maldonado Infante, del Partido Verde en el distrito II, quienes fueron brutalmente asesinados en actos violentos.
El clima de violencia persistió en 2023, cuando Miguel Ángel Ruíz Sánchez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Chietla, fue atacado por un comando armado. Esta tendencia se mantuvo con Porfirio Hernández Aparicio, aspirante de Morena en Jalpan, y Juan Manuel Téllez Salazar, del PRI en Tlatlauquitepec, quienes también sufrieron atentados.
El fallecimiento de Jaime González Pérez durante la actual contienda electoral subraya la gravedad del problema. Además, otros candidatos han denunciado amenazas, como Faustino Moreno Roldán del PSI en Chiconcuautla y María del Carmen Hernández Santiago del PSI en Axutla.
Es importante recordar que, a pesar de estos eventos, el Senado de la República reconoció solo dos muertes durante el proceso electoral de 2018, minimizando la magnitud de la violencia política en la región. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos, con un número significativo de candidatos y sus equipos siendo blanco de la violencia.
En contraste, el proceso electoral de 2021 no registró ataques directos contra candidatos, aunque sí se reportaron violentos incidentes dirigidos a sus equipos de trabajo, resultando en la lamentable pérdida de tres colaboradores en al menos 10 hechos violentos.
Ante esta preocupante situación, las autoridades locales y federales deben redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos y el respeto al proceso democrático en Puebla, evitando que la violencia política siga cobrando vidas y socavando la confianza en las instituciones electorales.