Por unanimidad de votos el Congreso de Puebla aprobó reformar el Artículo 22 de la Constitución de Puebla para impulsar a nivel local la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual tiene que ver con violentadores y deudores alimentarios.

Las personas que hayan sido sentenciadas por violencia política de género, violencia familiar o si son deudores alimentarios no podrán ser candidatos a algún cargo de elección popular ni ocupar espacios en los tres poderes del estado en Puebla.

De acuerdo con el dictamen aprobado tampoco las personas que hayan sido sentenciadas por violencia sexual o violación a la intimidad sexual, así como en cualquier tipo de violencia política en razón de género podrán contender en el próximo proceso electoral.

Las limitaciones aplicarán para el proceso electoral del 2024, siempre que el proyecto sea validado por 110 de los 217 cabildos y el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE) antes del mes de agosto.

Esto homologará los ordenamientos locales con las modificaciones constitucionales realizadas en el Congreso de la Unión y las propuestas realizadas por la diputada petista Nora Merino Escamilla; así como por los diputados morenistas Daniela Mier Bañuelos, María Yolanda Gámez Mendoza, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González, y José Iván Herrera Villagómez.

Los ajustes de ley, de acuerdo con los diputados, permiten profesionalizar el servicio público; además, son un filtro importante para que los partidos políticos designen a sus abanderados en los próximos procesos electorales, como el del 2024.