Omar Alfredo Esparza Zárate lleva 29 años trabajando con pueblos indígenas en el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, y hasta hace 5 años lo hacía acompañado de Sergio Rivera Hernández, quien hoy está desaparecido. Sergio es padre de cinco hijos, y fue un actor clave para la defensa de los pueblos ante megaproyectos extractivistas y voraces en la sierra Negra de Puebla.

“Sergio para nosotros sigue vivo, pero falta la voz de todas y todos ustedes. No basta con los familiares ni los colectivos”. Omar reconoció que se enfrentan a entes legales y gubernamentales colonialistas, eurocéntricos y aniquiladores, que ven casos como el de su compañero como oportunidades para seguir saqueando el territorio que, por su ausencia, es complejo de defender.

María Luisa encontró a su hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, cinco años después de su desaparición en Palmar de Bravo. Ella, como fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, inició su lucha prácticamente sola, pero hoy entiende su causa como “una lucha de varias familias que sin querer nos encontramos en la búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos”.

La ley de búsqueda es deficiente

La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla es una de las herramientas que el Estado ha implementado para intentar saldar una deuda con las personas buscadoras, y que, según un análisis realizado por el IDHIE, es deficiente y opaca.

La Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto, expuso que apenas 5 de las 15 acciones implementadas en esta ley han sido cumplidas, y los mecanismos que lo acompañan son ineficaces. Se han quedado en el papel iniciativas como la realización de análisis de contexto que complemente las investigaciones, o la implementación de agentes de respuesta inmediata a casos de desaparición.

Igualmente, la Mtra. Jessica Utrera Capetillo profundizó en las grandes ausencias que el Estado tiene con las víctimas y sus familiares. Cuestiones fundamentales como la generación y acceso a una carpeta de investigación, o la oportunidad de tener una sentencia condenatoria si lo requiere el caso, no son una realidad para todos.

En el análisis se incluyó la perspectiva de quienes buscan a sus desaparecidos, y la gran mayoría de los encuestados (38%) afirman que esta ley no ha generado un cambio sustancial en sus casos, y solo algunos (10%) han logrado recibir ayuda por parte de las autoridades.

“No existe un cumplimiento total de esta ley. Consideramos que las leyes son necesarias, pero muchas veces no son suficientes porque no se cumple con su implementación”, dijo la directora Rosario Arrambide, quien continua con una firme convicción de apoyar y acompañar a las familias de personas desaparecidas en Puebla.