Derivado de los hundimientos registrados en los municipios de Tlatlauquitepec y Palmar de Bravo, así como la aparición de una grieta en esta última demarcación, ambas eventualidades han sido supervisadas y debidamente señaladas para evitar escenarios de riesgo para la población, tal y como lo instruyó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En lo referente al colapso total de la cinta asfáltica de la carretera federal Amozoc-Nautla, en la localidad de Bugambilias en Tlatlauquitepec; elementos de Protección Civil estatal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal (SCT) y autoridades municipales determinaron evacuar a dos familias, cuyas viviendas están ubicadas en zona de riesgo. Las personas decidieron refugiarse con familiares, mientras que el Ayuntamiento les otorga apoyo.

La SCT realiza trabajos de reconstrucción para habilitar el tránsito vehicular y la Guardia Nacional mantiene acciones de vigilancia en el tramo afectado durante los trabajos para garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes ahí laboran.

En lo que respecta al agrietamiento y hundimiento detectados en campos de cultivo del Camino Nacional a Granjas de PABSA en Palmar de Bravo, elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de las secretarías de Infraestructura y Desarrollo Rural, además de Seguridad Pública, realizaron un recorrido de evaluación donde constataron la formación de una grieta de aproximadamente 80 metros de largo por 10 centímetros de ancho con una profundidad que varía entre 1 y 5 metros.

En tanto, el hundimiento registrado de manera paralela al agrietamiento, ubicado aproximadamente a 75 metros de distancia, mide 2 metros de ancho por 3 de largo y cuenta con una profundidad de 75 centímetros. De acuerdo con la opinión técnica del personal de la Secretaría de Infraestructura, estos fenómenos pudieron formarse por escurrimientos de agua naturales ocasionados por la temporada de lluvias.

En ambos casos no existe población en riesgo; sin embargo, Protección Civil estatal, en coordinación con sus pares municipales, mantendrá acordonamiento de seguridad y monitoreo permanente para verificar su comportamiento.